Con esa nueva ley se pretende dar certeza a los particulares sobre la propiedad de sus bienes inmuebles y, al mismo
tiempo, que sea una herramienta para combatir la evasión de impuestos.
Ante este panorama, Alavez Ruiz detalló que se prevé realizar un inventario real y conable de los bienes inmuebles
públicos y privados del país porque gobiernos anteriores permitieron que se perdieran cientos de juicios por carecer de
un registro real.
"[Eso] aunado a la corrupción, permitió que por ejemplo muchos hoteleros se hicieran de grandes extensiones de
terrenos por esta deciencia y evitar casos como el de Diego Fernández de Cevallos, quien debe por lo menos 900
millones de pesos por adeudos al predial desde 1993", armó la legisladora.
Entre los objetivos de esta ley general están homologar criterios, establecer mejores prácticas y aprovechar nuevas
tecnologías de la información.
“Pasar de la máquina de escribir y papel carbón a la digitalización de los expedientes porque, aunque parezca increíble,
en muchas ocinas regionales todavía trabajan así. Es decir, vamos a pasar del papel a la digitalización”, añadió.
En el predictamen se buscará que cada gobierno plantee los criterios y datos básicos que se deben considerar en los
catastros y registros públicos para identicar los catálogos de predios.
Se buscará que, a través de esta nueva ley, se pueda identicar el inmueble, conocer su ubicación y uso para los
diferentes propósitos de la administración pública, como prestación de servicios públicos, planeación, desarrollo urbano
y regularización de la tenencia de la tierra.
De acuerdo con el Inegi, el inventario de inmuebles inscritos en los catastros municipales es de casi 18 millones de
inmuebles, es decir, 50% de lo que tiene censado.
"Esto ha permitido, como ya dije, una millonaria evasión de impuestos", insistió la diputada.
Precisó que la ley no busca emitir criterios para la recaudación del impuesto predial, que es una facultad constitucional
de los municipios. La norma no podrá inuir en la forma en que se jan las tablas de valores unitarios del suelo.
"Aspiramos construir un ordenamiento que fomente la cultura de la legalidad y del estado de derecho, que homologue
criterios, mejore prácticas y uso de las nuevas tecnologías de la información que permitan reducir la brecha de
desarrollo entre las distintas regiones del país", dijo.
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