La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, en México, descubrió que el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios en los que se observa a distintos funcionarios públicos torturar a testigos de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en 2014, con el propósito de fabricar e imponer la entonces llamada "verdad histórica" de los hechos.
Estos interrogatorios, que se ejecutaron entre octubre de 2014 y enero de 2015, habrían tenido como propósito que los testigos y/o sospechosos del caso repitieran "la versión" del entonces Procurador General, Jesús Murillo Karam, y de Tomás Zerón de Lucio, que fungía como director de la Agencia de Investigación Criminal.
Los funcionarios dijeron que las investigaciones han determinado que hubo montaje de escenarios del crimen, fabricación de pruebas, destrucción o inutilización de evidencias, omisión de procedimientos y de líneas de investigación, indagatorias insuficientes o desestimadas, desprotección de lugares donde había elementos relevantes, intimidación de testigos, entre otras irregularidades.
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, que en pocos días se cumplen siete años, será una de las historias más estremecedoras de desaparición forzada en México.
El pasado lunes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México volvió a reiterar su rechazo a la versión del Gobierno de Peña Nieto.
El esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo mantiene como uno de los casos de derechos humanos prioritarios de su gestión.
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